El proceso conocido como “tapabocas de oro” es un ejemplo claro del sometimiento del Poder Judicial a los poderosos. A dos años y siete meses de la acusación aún no se pudo realizar la preliminar en la que se tiene que resolver si el expresidente de la Dinac, Edgar Melgarejo y otros involucrados, afrontan o no juicio oral. Los procesados se turnan para presentar incidentes dilatorios, a los cuales se suma que una Cámara de Apelación ya separó a dos jueces con argumentos risibles y que evidencian que hay una “mano negra” detrás de la causa. La impunidad irrita a la ciudadanía, que cada vez cree menos en la justicia.
La imputación por lesión de confianza fue formulada el 30 de abril del 2020, por los fiscales Osmar Legal, Alicia Sapriza y Federico Delfino, a raíz de sospechas por presuntas compras sobrefacturadas de mascarillas para funcionarios de la institución, medida sanitaria adoptada por la pandemia del Covid-19.
El caso se inició luego de publicaciones y críticas en redes sociales referente a los altos costos de los insumos adquiridos por la administración de Melgarejo de la Proyecto Global SA, que proveyó los tapabocas a G. 29.990 cada uno cuando el precio de mercado en ese momento era de unos G. 15.000. Como representante figuraba Katherine Pamela Toñánez Vera, quien en ese momento tenía solo 20 años.
Junto a Melgarejo fueron imputados el Gerente Financiero de la institución, Juan Carlos Turitich Báez, Marcelo Ovelar González, coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones, la gerente Administrativa Luz Chamorro y Fernando Gallardo, administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi.
Por parte de la firma proveedora, fueron imputados Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas.
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