El 22 de diciembre de 2012, la CIDH recibió una demanda planteada contra el Estado paraguayo por el hoy senador Fernando Lugo (FG), porque habría sido destituido de la Presidencia de la República mediante un juicio político arbitrario y sumario, supuestamente en violación de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. La CIDH comunicó ahora a las partes la admisión de la demanda. El demandante fue destituido el 22 de junio de 2012 por mal desempeño de sus funciones, formulada por la Cámara de Diputados. Llama la atención esta demanda atendiendo a que el propio Lugo dijo en la ocasión: “Me someto a la decisión del Congreso...”, y luego prometió “servir a nuestra nación allí donde me necesiten”.
El 22 de diciembre de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una demanda planteada contra el Estado paraguayo por el hoy senador Fernando Lugo (FG), porque habría sido destituido de la Presidencia de la República mediante un juicio político arbitrario y sumario, supuestamente en violación de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. El 20 de diciembre último, la CIDH comunicó a las partes la admisión de la demanda, sin prejuzgar sobre su eventual pronunciamiento y el fondo del asunto, dándoles un plazo máximo de seis meses para presentar sus...
En otros términos, aceptó que su remoción se ajustó a Derecho y que, por tanto, sus derechos no habían sido violados. Empero, increíblemente, se arrepintió poco después e inició una campaña en la que se presentó como víctima de un golpe de Estado, llamó a sus seguidores a manifestarse y hasta se proclamó presidente en ejercicio. Por cierto, el 22 de agosto de 2012, el secretario General de la OEA informó al Consejo Permanente del organismo que ni el exjefe de Estado ni sus seguidores habían sido objeto de persecución política ni de atentados contra su seguridad. Es más, Lugo por lo visto no...
El exobispo habría pasado de someterse al juicio político y a la consecuente decisión del Congreso a inclinar la cerviz ante sus compañeros bolivarianos, hasta el punto de apoyar el ingreso ilícito de Venezuela en el Mercosur, en reemplazo del Paraguay castigado porque sus legisladores aplicaron la Constitución. Su repudiable apoyo era atribuible no solo al repentino rencor y a las afinidades ideológicas, sino probablemente también a algo mucho más concreto, contante y sonante: los maletines llenos de petrodólares, que circulaban por Sudamérica antes de que se desatara la inaudita tragedia...
El receptor supo ser agradecido con su benefactor, pero no así con sus compatriotas, a quienes defraudó tanto por su gestión gubernativa como por una conducta privada impropia de un primer mandatario. Ocurre que pretende que le paguen –serán los contribuyentes quienes de hecho lo hagan– más de 500 millones de guaraníes, sin contar intereses, por los salarios caídos hasta el 15 de agosto de 2013, a los que deben sumarse pagos por los gastos que habría tenido con motivo del juicio político y un monto no especificado en concepto de indemnización (“por daño a mi honor y reputación”). Pero el...
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