El Senado debe tratar un pedido de interpelación al jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, con el objetivo de interrogarlo sobre los negocios que tienen con el Estado empresas en las que él posee acciones. El argumento del Gobierno es que López Moreira no viola ninguna ley, a pesar del evidente conflicto de interés y ético que representan sus emprendimientos en las áreas de hidrocarburo, de pólizas de seguro y de obras públicas. El jefe de Gabinete debe ser el primer interesado en responder a las preguntas sobre sus firmas y su rol paralelo como autoridad. La transparencia que este Gobierno dice promover ahora también debe prevalecer.
Durante el gobierno de Lugo, una nueva empresa suya, LCH SA, consiguió su primer contrato de prospección en suelo paraguayo. En junio del 2014, ya en pleno gobierno de Horacio Cartes, la compañía multinacional President Energy compró la firma y los accionistas de LCH SA pasaron a ser accionistas de President Energy.
Así, López Moreira se convirtió en poseedor de acciones valoradas en cinco millones de dólares de la principal buscadora de petróleo en el Chaco. Al año siguiente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) otorgó a President Energy una ampliación en el contrato de exploración de hidrocarburos, y negó pedidos similares a otras dos empresas del rubro.
Cabe recordar que como jefe de Gabinete Civil del Ejecutivo, López Moreira es el superior directo del propio ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona. A partir de octubre de este año, la colisión de intereses se hizo aún más clara: Cartes lo nombró coordinador de la Política Energética del país.
Paralelamente, López Moreira es dueño del treinta por ciento de la aseguradora Royal Seguros SA, creada un año antes de que Cartes asuma la presidencia. Esta firma actualmente asegura con sus pólizas 35 obras del MOPC. Si bien son seguros pagados por constructoras y no por el Gobierno, se trata efectivamente de un negocio indirecto con el Estado. Si hay un incumplimiento en algunas de estas obras, el ministro de Obras deberá ejecutar una póliza de la empresa del jefe de Gabinete.
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