Nueve intendentes del departamento de Paraguarí aspiran al rekutu, pese a estar imputados o denunciados ante la Fiscalía y la Contraloría por supuestas irregularidades o daño patrimonial a las arcas municipales.
CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). El intendente de La Colmena, Mario Melgarejo (cartista), fue imputado por supuestos delitos ambientales y hasta tiene un permiso especial de un juez local para cumplir funciones.
El intendente de San Roque González, Óscar Alfonzo (Añetete), está imputado por aparente violación de la veda y cuarentena sanitaria. Tiene una cuestionada administración y un supuesto faltante de G. 500 millones, según denuncia la Junta Municipal. También tiene un permiso especial.
La intendenta de Quiindy, Alba Acevedo (Añetete), tiene varias causas y denuncias pendientes en la Fiscalía, a cargo de Teresita Paredes por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial de más de G. 1.300 millones. Es por la compra de “vaka’i de oro”, distribuido en el kit de alimentos que figuraba a un costo de G. 46.000 la unidad, además de la pésima calidad de los alimentos. Esto derivó en la intervención de la Fiscalía y la Contraloría, pero ninguna avanza en las investigaciones.
La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (Añetete), esposa del imputado diputado Esteban Samaniego, tiene una causa pendiente en la Fiscalía del Quiindy a cargo de la fiscal Teresita Paredes, por aparente apropiación de dietas de cinco concejales críticos desde que asumió en 2018 hasta la fecha. Adeuda más de G. 100 millones y la representante del Ministerio Público no se expidió aún sobre el particular. Corvalán se salvó de la intervención gracias a la influencia de su esposo, quien es titular de la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales.
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