Recientemente, el ex intendente de Lambaré, Armando Gómez, se vio obligado a renunciar ante la inminente destitución, mientras su administración era intervenida. En ese proceso se detectó presuntas irregularidades en el cobro de impuesto inmobiliario.
La Cámara Baja acostumbra a blindar a los intendentes. En uno de los casos, en agosto pasado, de 15 solicitudes de intervención, solo se aprobaron tres conformaciones de comisiones especiales para estudiar los casos, que fueron Independencia y Coronel Martínez, del Departamento del Guairá, y de Benjamín Aceval, en Presidente Hayes.
En tanto que fueron rechazadas las comunas de José Falcón, Presidente Hayes; Tava’i, Caazapá; Paso de Patria, Maracaná, Cerrito, Humaitá y Guazú Cuá, Ñeembucú; San Antonio, Central; y Juan E. O’Leary, Alto Paraná, entre otras.
Mientras que en enero de este año, del total de 27 municipios que no presentaron la totalidad de sus documentaciones en concepto de Fonacide y royalties, se encontraban como reincidentes seis intendentes que fueron salvados en la Cámara Baja.
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