Sería una exageración decir que el Parlamento fue tomado por los delincuentes. Hay todavía senadores y diputados que mezquinan su nombre y hacen honor a sus delicadas funciones. No creemos que estos políticos estén muy cómodos junto a quienes vinieron por sus fechorías a esconderse de la justicia.
Algún avance se ha dado en la limpieza del Poder Legislativo. Para que esto ocurriera se han movilizado centenares de ciudadanos indignados por los actos delictivos de quienes tendrían que ser ejemplos de comportamiento ético.
Normalmente, no tendría que existir la presión ciudadana contra los parlamentarios corruptos porque es de suponer que al Congreso llegan los políticos intelectual y moralmente aptos para el cargo. Pero no es así. A los delincuentes los anima, no la honra de representar al pueblo, sino la posibilidad de ampararse en el famoso “fuero parlamentario”.
Inmunidad no es impunidad. En noviembre de 2013 el diputado Jorge Ávalos había presentado un proyecto de ley “que reglamenta el artículo 191 de la Constitución Nacional”. Este Art. expresa: “Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones...”.
En el Art. 2º del citado proyecto se lee: “En los casos de hechos punibles que no guarden relación con las opiniones que emitan en el desempeño de sus funciones, regirán las reglas previstas en el Código Procesal Penal”. Naturalmente, el proyecto se archivó. Los parlamentarios no iban a llevarse la soga al cuello. ¿Qué es ese atrevimiento de amenazar con el Código Procesal Penal a un senador o diputado que comete delitos comunes? Ya se dijo que son ciudadanos especiales.
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