Consultado el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sobre la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por un grupo de abogados, sobre el escándalo conocido como “los sobres del poder”, y ante la falta de una investigación de oficio por parte de esta institución que según la Constitución “representa a la sociedad”, el mismo respondió, para sorpresa de todos, que no toda denuncia es suficiente y que se deben cumplir ciertos requisitos para avanzar en la investigación. Los hechos denunciados por los abogados y atribuidos a la pareja presidencial, entre ellos, lavado de dinero, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito en la función pública, asociación criminal y obstrucción a la persecución penal son sumamente graves. Por tanto, merecen ser esclarecidos, por la relevancia de lo denunciado, por la alta representación de los sujetos involucrados en la denuncia y por lo que ello representa para la credibilidad de la República.
Recientemente, tras ser consultado el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sobre la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por un grupo de abogados, luego de transcurrir varios días desde que estallara el escándalo conocido como “los sobres del poder”, y ante la falta de una investigación de oficio por parte de esta institución que según la Constitución Nacional “representa a la sociedad”, el mismo respondió, para sorpresa de todos, que no toda denuncia es suficiente y que se deben cumplir ciertos requisitos para avanzar en la investigación fiscal.
Los hechos punibles denunciados por los abogados y atribuidos a la pareja presidencial, entre ellos, lavado de dinero, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito en la función pública, asociación criminal y obstrucción a la persecución penal son sumamente graves. Por tanto, merecen ser esclarecidos, por la relevancia de lo denunciado, por la alta representación de los sujetos involucrados en la denuncia y por lo que ello representa para la credibilidad de la República.
Sin embargo, lejos de defender los principios de independencia de los fiscales, el fiscal general sepultó toda esperanza de esclarecer los hechos a través de una investigación imparcial, objetiva e independiente, como lo exige el artículo 16 de la Constitución Nacional y el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Ley Orgánica del Ministerio Público resalta la autonomía en la acción del Ministerio Público, expresando que “actuará en el marco de la Ley con independencia de criterio” (art. 2), lo que significa que, a diferencia de la Policía Nacional que es una institución “no deliberante” y que debe obedecer el criterio jerárquico, el Ministerio Público, a través de los agentes fiscales, tiene la obligación legal de actuar con total independencia, ya que su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, tiene establecido por ley el momento procesal específico en que debe intervenir.
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