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Lima, 11 feb (EFE).- Pese a que el «mandato constitucional» exige al Estado realizar consultas previas a las comunidades indígenas sobre la concesión de una actividad explotadora en sus territorios, Perú sigue reportando casos en los que se «hace caso omiso a la ley», vulnerando así los derechos de los pueblos nativos.
Estos deben acudir a los tribunales sistemáticamente, ante un modelo de Justicia culturalmente discriminador, para hacer valer unos derechos que son de obligatorio cumplimiento legal para todos los funcionarios.
Así lo sostuvo en una entrevista con Efe el juez titular del Segundo Juzgado Mixto de Alto Amazonas, Daniel Augusto Hinostroza Estrada, quien recordó que la consulta previa es «un derecho reconocido no solo a nivel nacional, sino también internacional a través del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual Perú está suscrito».
Por «mandato constitucional», insistió el juez, el Estado peruano está en la obligación de realizar esa consulta con las comunidades nativas «desde la primera etapa» del proceso de concesión de una actividad explotadora, ya sea a través de «charlas, capacitaciones, sensibilizaciones o estudios de impacto ambiental».
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