El Ministerio de Salud Pública tomó intervención luego de la denuncia hecha por indígenas de la localidad de Yrybucuá, San Pedro, quienes aseguraron haber sido obligados a aplicarse antiparasitarios de uso veterinario como supuesta medida de prevención de una posible expansión en la comunidad del COVID-19.
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En ese sentido, subrayó que estos medicamentos no son aplicables a seres humanos. De hecho, los nativos aseguraron tener durante el fin de semana dolores de cabeza, mareos y otros malestares, según reveló Aníbal Vera, miembro de la Comunidad Indígena Santa Isabel, quien agregó que quienes les obligaron a aplicarse esas vacunas para animales fueron dueños de la estancia El Misionero, dedicada a la producción de bananas.
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