Los ocho procesados por supuestas irregularidades en la gestión de juegos de azar, entre los que se encuentran todas las autoridades de Conajzar, el dueño de TDP y el exprocurador Sergio Coscia, solicitaron la anulación de su imputación. Con esta maniobra inician las chicanas en busca de dilatar los procesos judiciales.
La fiscala María Estefanía González informó que se encuentra trabajando en la respuesta a un pedido de anulación de la imputación realizada por los ocho procesados por supuestas irregularidades en los juegos de azar, aunque adelantó que se ratificará en su decisión.
Se trata del proceso judicial que involucra a los integrantes de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que son José Antonio Ortiz Báez, representante del Ministerio de Hacienda y presidente de la comisión; Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben); Rubén Antonio Roussillón Blaires, de gobernaciones; Ricardo Núñez Giménez, de municipios, y Omar Mongelós González, del Ministerio del Interior. Además de Raúl Mariano Silva Busto, exmiembro de Conazjar, Álvaro Wasmosy Carrasco, directivo de Technologies Development of Paraguay SA...
La fiscala comentó que el argumento del pedido de nulidad de la imputación es que no se explica la responsabilidad de cada uno en los hechos punibles en la imputación. Al respecto, indicó que ese detalle va en la acusación conforme a procesos estipulados. La audiencia de imposición de medidas será el próximo 19 y 20 de enero, ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú. quien debería ratificar o no la imputación para seguir con el proceso.
Se intentó conocer la postura de los ministerios de Hacienda e Interior, Óscar Llamosas y Arnaldo Giuzzio, con relación a la actuación de los representantes de la respectivas carteras de Estado a su cargo pero hasta el momento no fue posible. Incluso, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sigue avalando la conducta de sus funcionarios al frente de Conajzar al mantenerlos en sus cargos pese a los dictámenes jurídicos que califican de ilegal las gestiones en la regulación de juegos de azar.
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