Gremio de importadores de vehículos usados pidió en el Ministerio del Trabajo la suspensión del Decreto 5822 que aumenta el arancel para el sector. No hubo respuesta, pero Peña afirmó que no se reverá.
La mediación del ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, quien reunió a representantes de Aduanas, del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría del Ambiente (Seam) y de Industria y Comercio con autoridades del Centro de Importadores de Vehículos Usado (Civu), no logró ayer desactivar la movilización en contra de la vigencia del Decreto Nº5822, que aumentó hasta el 25% el arancel aduanero para el sector.
Durante la reunión se escucharon a ambas partes bajar sus posiciones respecto a la citada norma impositiva. Los dirigentes del Civu, encabezados por su presidente, Miguel Barrios, pidieron que se suspenda la vigencia de la medida para buscar una nueva de consenso.
Rechazaron el criterio de Hacienda sobre la contaminación ambiental que generan los usados para establecer el aumento y también la contradicción de que se disponga que los vehículos flex y eléctricos, que no emiten gases, también paguen impuesto.
Exhibieron un estudio que utilizó la Cadam, gremio de empresas que importa vehículos cero kilómetro, sobre la contaminación y señalaron que es la calidad del combustible el principal problema.
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