Tras la decisión de Conajzar de dejar sin efecto su contrato con iCrop SA, que pretendía “regularizar” tragamonedas que operan en sitios prohibidos por ley, la citada empresa recurrió a la justicia para seguir con el negociado. Pese a que es ilegal, su objetivo sería recaudar por las máquinas hasta US$ 2,1 millones al mes.
La empresa iCrop SA demandó recientemente a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), buscando mantener el negociado de “regularizar” que operan en sitios prohibidos por la ley N° 1.016/97 del Régimen de juegos de Azar y la N° 6.903/22 que establece medidas de protección a menores de edad de la influencia de esas máquinas y prohíben su uso en comercios de libre concurrencia, tales como despensas, hamburgueserías, peluquerías, etc. La firma en cuestión tiene como accionistas a una ciudadana taiwanesa de nombre Lucy Sy y a la compatriota Lilian Beatriz Vera de Qiu, mientras que el...
El plan acordado en su momento por la misma Conajzar -en contra de la ley que le regula- planteaba “legalizar” unas 50.000 máquinas, por las que iCrop cobraría un canon mensual. La expectativa de recaudación orillaba los US$ 2,1 millones al mes, según los datos a los que accedió nuestro diario, de los cuales 70% quedaría para iCrop (US$ 1,5 millones), y solo el 30% al Estado. Pero ante la promulgación de una nueva ley en 2022 que ratifica la norma que ya existía, y la presión por las investigaciones periodísticas y sobre todo de la Fiscalía, finalmente Conajzar desistió el 10 de junio...
Precisamente, conforme a la notificación que le llegó a Conajzar días atrás -documento al que nuestro diario tuvo acceso-, iCrop le demandó para seguir con el contrato. Esta acción civil fue atendida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno, a cargo de la jueza Lizza Natalia Reyes.
La empresa desea que la justicia determine si está vigente la Resolución N° 34/2020 de Conajzar, con la cual se creó una “nueva modalidad” para censar, catastrar y explotar tragamonedas en sitios cuya actividad principal no es juegos de azar. Es que la Comisión revocó esa resolución, basándose en dictámenes del asesor externo Jorge Zárate, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Abogacía del Tesoro.
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