El vicecanciller nacional, Hugo Saguier, consideró hoy que una previsible condena al país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por una denuncia de un caso de torturas en 2002 a dos líderes políticos asilados en Brasil, sería una "barbaridad jurídica", y abrió la puerta a no acatar la sentencia.
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La Corte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dirimirá el 7 de febrero si Paraguay debe indemnizar a Juan Arrom y Anuncio Martí, responsables del movimiento político Patria Libre, que denunciaron al Estado por haber sufrido presuntas torturas en enero de ese año.
Ante la posibilidad de que el Estado resulte condenado, el vicecanciller Hugo Bernardino Saguier, explicó hoy a Efe que el Gobierno estudia “muy seriamente la situación”, a la vez que consideró que si se diera una sentencia en ese sentido, sería una “barbaridad jurídica”.
Arguyó que una “previsible” condena a Paraguay presentaría a “dos delincuentes como inocentes” y que, además, “obligará al Estado a indemnizarles” por unos hechos que, aseguró, son “falsos” y que “quedó demostrado en el juicio celebrado en Paraguay”, donde la causa contra Arrom y Martí es un “caso cerrado”.
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