El exministro de Justicia Julio Javier Ríos declaró esta mañana como testigo en el juicio al exjuez de Ejecución de San Pedro, Néstor Arévalo Zorilla y los exdirectores penitenciarios Wilfrido Quintana Parodi y Ramón Orella Notario en el marco de la causa conocida como Granja VIP. El mismo explicó el proceso que debe seguirse para […]
El exministro de Justicia Julio Javier Ríos declaró esta mañana como testigo en el juicio al exjuez de Ejecución de San Pedro, Néstor Arévalo Zorilla y los exdirectores penitenciarios Wilfrido Quintana Parodi y Ramón Orella Notario en el marco de la causa conocida como Granja VIP.
El mismo explicó el proceso que debe seguirse para la habilitación de una edificación como la que funcionaba en San Pedro, cuya habilitación habría sido irregular. La causa es por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y cohecho pasivo agravado, en el caso de la granja ubicada en las afueras de la penitenciaría que era usada por narcotraficantes condenados y que fue descubierta tras la masacre en la cárcel de San Pedro, el 16 de junio del año 2019.
La Fiscal María Irene Álvarez señaló que la explicación brindada por el exministro fue bastante clara acerca de los mecanismos que tiene el Ministerio de Justicia para la habilitación de un establecimiento. El mismo hizo mención de cuáles eran los institutos ubicados en Asunción, Itauguá y Concepción que poseían dicho mecanismo; hizo la aclaración de que “La Granja” en sí, es un establecimiento penitenciario que cuenta con su dirección y funcionarios independientes, dentro del predio del Ministerio, pero con funcionarios y directores independientes a lo que sería una penitenciaría normal.
“Explicó que durante su gestión no hubo ninguna habilitación de La Granja, tampoco una resolución ministerial de la misma en la Penitenciaría de San Pedro. Dijo que para que los internos pasen a cumplir su lugar de reclusión en ese lugar también tienen que contar con una resolución judicial, porque es una etapa de la ejecución de la pena que tiene que reunir ciertos requisitos según el sistema judicial para que el privado de libertad sea beneficiado. O sea, personas con altas condenas, por ejemplo, no pueden estar ahí si no cuentan con una resolución judicial y con un tiempo de reclusión...
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