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La Gobernación de Concepción se encuentra en la mira desde hace tiempo por presuntas irregularidades denunciadas siempre por los concepcioneros, la discrecionalidad del manejo de los fondos públicos, que finalmente se ven evidenciadas y detectadas tras una auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República (CGR), y cuyo informe final fue presentado ahora, en octubre.
La auditoría realizada comprende el ejercicio fiscal 2018, que tuvo a dos gobernadores como administradores de los bienes de la Gobernación norteña, primero el colorado Ricardo Paredes González, que completó el mandato del actual diputado Luis Urbieta hasta el 16 de agosto del 2018, y luego al político liberal y actual gobernador, Édgar Idalino López Ruiz, quien se encuentra al frente desde el 17 de agosto del 2018.
En primer lugar, se encontró una diferencia de G. 12.041.062.139, que representa el 11% del total de activos de la Gobernación, tras los análisis del saldo del balance general de la cuenta bancaria con el saldo del Libro Mayor. Esta diferencia se encontró al cierre del 31 de diciembre del 2018.
El equipo auditor encontró que según balance de bancos registraba G. 14.173.505.026 y según el Libro Mayor el saldo era G. 2.132.442.887.
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