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Fusión debilita a la ANDE y traslada las decisiones técnicas a un ámbito político y empresarial, advierten

Fusión debilita a la ANDE y traslada las decisiones técnicas a un ámbito político y empresarial, advierten

La polémica por el proyecto que transfiere el Viceministerio de Minas y Energía al Ministerio de Industria y Comercio encendió protestas y fuertes críticas por el riesgo de debilitar a la ANDE y entregar la conducción a un superministerio político-empresarial; al respecto, Pedro Ferreira, experto en política energética y ex titular de la ANDE, advierte que la medida desplaza las decisiones técnicas y abre espacio a privilegios y discrecionalidad.

El ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, se convirtió en una de las voces más críticas contra el proyecto de ley que busca transferir el Viceministerio de Minas y Energía al Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Si bien aclaró que no se opone a la idea de una fusión institucional, advirtió que la redacción actual es un peligro para la estabilidad jurídica, la igualdad de trato y la conducción técnica del sector eléctrico. "Jamás vi una ley que ordene administrar privilegios. Es grotesco y abre la puerta a la corrupción", afirmó con dureza.

Para Ferreira, la verdadera amenaza no está en el traspaso administrativo, sino en la forma en que fue concebido. Señaló que la inclusión del término "privilegios" en un texto legal resulta inadmisible y sienta un precedente que permitiría a las autoridades otorgar ventajas discrecionales en un sector que debe guiarse por la equidad y la neutralidad. "Hay que ajustar la ley y eliminar esa redacción. No se puede legislar en base a privilegios, porque eso genera caos jurídico y discrecionalidad", enfatizó, en conversación con esta redacción.

El ingeniero insistió en que el sector eléctrico paraguayo es uno de los activos más valiosos construidos en los últimos cincuenta años, y que debe ser protegido con marcos regulatorios sólidos, previsibles y transparentes.

El polémico proyecto en debate no solo traslada competencias, sino que crea un superministerio que concentrará la conducción de áreas estratégicas como Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía. Para sus críticos, esto supone desplazar a técnicos y especialistas en energía, sustituyéndolos por perfiles más vinculados a la administración empresarial y la gestión comercial.

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