FONAE: Entre el Hambre Cero y la improvisación (II)

Es sabido que la política social de un gobierno apunta a resolver una situación que expresa condiciones de vida que impiden el pleno desarrollo de las potencialidades de las personas de una colectividad, para lo cual señala, sobre bases cuantitativas y cualitativas fiables, cuáles son los términos del problema, identificando las variables que determinan o condicionan su ocurrencia y las relaciones que estas variables mantienen entre sí, de tal manera a distinguir cuáles son las que tienen capacidad causal sobre el problema y cuáles son las consecuencias derivadas de su existencia. En algunos ámbitos, muy restringidos ciertamente, se produjo alguna discusión sobre el tema, pero no para analizar el problema que se quiere resolver con la propuesta presentada nominalmente por el Ministerio de Desarrollo Social, sino sobre la forma de distribución del dinero, que es lo que finalmente les interesa . Esta manera de actuar lo que hace es poner en evidencia el bastardeo de la participación, un elemento sustantivo de la democracia que se manosea, al limitarla a un mero pedido de opinión a círculos restringidos sobre lo que opinan y proponen los burócratas que diseñaron la propuesta, antes que a un ejercicio que permita conocer cómo los involucrados ven el problema, sus causas y las medidas que proponen para resolverlo. LA LÓGICA EN EL DISEÑO DE LA PROPUESTA En el campo de la política social, un proyecto de ley debería ser una consecuencia de un programa o proyecto con el propósito de darle sustento jurídico. En este sentido, el programa o proyecto, en primer término, debe establecer en forma clara y precisa el problema que quiere resolver, identificando las variables que concurren en torno al este, ya sea como factores causales o como consecuencias. El único dato disponible a este respecto es el que proporciona un informe de la Contraloría que se menciona en la fundamentación del proyecto de ley, según el cual la forma en que se ha ejecutado el programa no solo ha provocado un aumento en el bajo rendimiento, el ausentismo y la repitencia escolar, sino también produjo la vulneración de los derechos a la educación y a la alimentación escolar. Suponer que la mala administración de los fondos será superada, tal como plantea la propuesta, con un cambio en la estructura orgánica del programa, es una ingenuidad, ya que el problema real está relacionado con la falta de integridad, la deshonestidad y la impunidad de sus administradores. ¿No será una ingenuidad más pensar que los órganos de control del programa junto con la Contraloría y Contrataciones Públicas desalentarán el mal uso del dinero público, cuando estas mismas instituciones son las que controlan el programa hasta la fecha sin resultados visibles? ...[Leer más]