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Fiscal pide hasta seis años de cárcel para exautoridades involucradas en el caso “Granja VIP”, donde narcotraficantes recibían beneficios ilegales.
La Fiscalía ha solicitado penas de prisión para exautoridades penitenciarias y judiciales implicadas en el caso de la llamada “Granja VIP”, una instalación en las cercanías de la Penitenciaría Regional de San Pedro que funcionaba como un espacio de privilegios para narcotraficantes condenados. La fiscal María Irene Álvarez, responsable de la causa, pidió una pena de seis años de cárcel para el exdirector penitenciario Wilfrido Quintana, tres años para el exdirector Ramón Orella y cuatro años para el exjuez de Ejecución Néstor Arévalo Zorrilla, todos acusados de facilitar privilegios ilegales.
La investigación del Ministerio Público reveló pruebas que implican a Ramón Orella, exdirector de la penitenciaría, en el delito de frustración de la ejecución y persecución penal. Por su parte, el exjuez Arévalo Zorrilla enfrenta cargos de cohecho pasivo agravado, prevaricato y frustración de la ejecución y persecución penal, debido a la emisión de permisos de salida para reclusos sin fundamentos legales, según la fiscal Álvarez.
La fiscal explicó que las acciones de los acusados contribuyeron a la corrupción del sistema judicial, formando una estructura de poder dentro de la penitenciaría que beneficiaba a condenados por delitos graves, como el tráfico internacional de drogas. Estas personas, bajo autorización judicial y penitenciaria, obtenían permisos de libertad transitoria, a pesar de no cumplir con los requisitos legales. “El sistema se ve corrompido, beneficiando a condenados de alto perfil sin cumplir la normativa,” señaló Álvarez.
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