En el marco del proceso abierto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM contra el juez de Paz Gustavo Villalba, suspendido actualmente en sus funciones, la fiscal acusadora Cinthia Vera solicitó su remoción definitiva al sostener que existen elementos suficientes que evidencian un supuesto mal desempeño en el ejercicio del cargo. El caso se desarrolla dentro de la investigación conocida públicamente como el esquema de la “mafia de pagarés”.
Durante su exposición, la representante del Ministerio Público afirmó que la documentación presentada por la defensa no logró revertir los hechos atribuidos al magistrado. “Ninguna de las pruebas, tanto documentales ni certificados ofrecidos por el acusado y diligenciadas en este juicio de responsabilidad, han sido suficientes para desacreditar los hechos acusados al magistrado”, expresó Vera en su alegato.
La fiscal sostuvo además que los jueces tienen “el deber indeclinable de administrar justicia conforme a derecho, con un apego estricto a las garantías del debido proceso”, y cuestionó una serie de presuntas irregularidades administrativas y de control en el despacho judicial del magistrado.
Entre ellas, mencionó la falta de providencias adecuadas, la omisión de fechar y enumerar resoluciones, así como la ausencia de control en la aplicación de las normas y en la supervisión de las actividades del juzgado. Según su planteamiento, estas conductas no constituirían simples fallas formales. “No constituyen meras faltas o de escasa relevancia”, señaló, advirtiendo que, en un contexto más amplio, podrían integrarse a estructuras más complejas.
En ese sentido, Vera vinculó dichas prácticas con un escenario más amplio que, según su argumentación, habría permitido la configuración del esquema conocido como “mafia de pagarés”. “Estas prácticas cuando se insertan en un contexto mayor pueden dar origen a la trama conocida como la mafia de los pagarés”, indicó.
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