Los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitaron la desestimación de la denuncia contra el extitular del IPS, Vicente Battaglia y exconsejeros, por un perjuicio de G. 1.630.414.082.023, que fue denunciado por la Contraloría. Sin embargo, los agentes del Ministerio Público sostienen que “se ha determinado la atipicidad de los hechos”, en este […]
Los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitaron la desestimación de la denuncia contra el extitular del IPS, Vicente Battaglia y exconsejeros, por un perjuicio de G. 1.630.414.082.023, que fue denunciado por la Contraloría. Sin embargo, los agentes del Ministerio Público sostienen que “se ha determinado la atipicidad de los hechos”, en este caso, lesión de confianza y estafa. Resaltaron que se “han dilucidado todas las cuestiones de ejecuciones presupuestarias relacionadas al ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre de 2023”. Los fiscales afirman que durante la...
Finalmente, del cúmulo de documentaciones colectadas durante la investigación se puede colegir que las mismas no revisten la importancia y/o no poseen valoración con relevancia en el ámbito penal que permitan a esta institución a proseguir con actos preparatorios, y en ese sentido se debe considerar que en nuestro país, es una realidad que se perpetran hechos que afectan en cierto modo el sistema de administración del Estado, circunstancia que se agrava por otros déficits institucionales que afronta nuestro país, como lo son por ejemplo la deficiencia de las instituciones intervinientes en...
Todo lo expuesto guarda directa relación con el caso en particular, debido a que existe entre los operadores de justicia, la intención de evitar hacer un uso excesivo del Derecho Penal para reglar la relación entre los miembros de la sociedad y sancionar las conductas desaprobadas por esta, los cual en muchas ocasiones deriva en la intervención de varias ramas del derecho en un mismo hecho, consecuente doble sanción.
Se hace claro que, desde hace años, la mayoría doctrinaria se opone a la expansión actual del derecho penal, al realizar críticas a su intervención en cuestiones que se consideran como pertenecientes a la competencia del Derecho Administrativo, circunstancia conocida también como la administrativización del Derecho Penal, puesto que este se ve compelido a accionar ante numerosos hechos que derivan en una desnaturalización de los fines propios de esta rama.
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