Pese a la obligación legal del Ministerio Público de indagar inmediatamente cuando llega a su conocimiento la posible perpetración de delitos, solo mostró una casi nula reacción.
El lunes pasado, los medios de prensa difundieron profusamente una orden de captura de la justicia brasileña sobre el expresidente Horacio Cartes, a quien involucran como cómplice de Darío Messer, uno de los principales acusados en el caso Lava Jato que investiga un escandaloso esquema de lavado de dinero en Brasil.
Si bien es cierto, el pedido de captura, búsqueda o localización de Cartes por parte de la justicia brasileña no llegó a nuestro país; sin embargo, el relato circunstanciado de los hechos involucró además al exministro del Interior Juan Ernesto Villamayor en un supuesto pedido de coima de US$ 2 millones para dar cobertura a Messer, quien en ese momento se encontraba prófugo de la justicia brasileña y paraguaya.
En el pedido de coima fueron involucrados, según el relato de hechos de la Fiscalía del Brasil, la intermediaria Lorena de Barros Barreto Pérez, la abogada de Messer, Leticia Bóbeda Andrada; el exsecretario del exministro del Interior José Bogado y el comisario Nimio Cardozo, entonces jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior.
El Ministerio Público no movió un solo dedo para siquiera intentar indagar el hecho que constituye delito en nuestro país. Esto, a pesar de tener conocimiento de la “notitia criminis”, y de estar obligada por ley para actuar.
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