La Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez, ni amagó abrir un proceso contra el gobernador de Canindeyú y aspirante al Senado por el cartismo, César “Tigre” Ramírez. Esto, pese al rosario de denuncias sobre supuestas irregularidades en el uso de los fondos de emergencia por el covid.
Desembolsos en tiempo récord, deficiencias documentales y ONG integradas por personas de su entorno fueron algunas de las anomalías detectadas en la rendición del gobernador de Canindeyú y candidato a senador por el movimiento Honor Colorado, César “Tigre” Ramírez, sobre el uso de los G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) del fondo covid. Este dinero había sido transferido por el Poder Ejecutivo, a finales del año 2020 y mediados del 2021, para la reactivación de la economía golpeada por las medidas sanitarias decretadas para mitigar la propagación de la enfermedad.
Uno de los hallazgos más groseros dentro de la documentación presentada por el jefe departamental ante la Contraloría General de la República (CGR) era que la Asociación Pro Desarrollo del Norte y la Asociación Pro Apoyo al Consejo Departamental de Salud, ambas beneficiadas con el dinero público tenían casualmente como miembro a un exfuncionario de la Gobernación de Canindeyú.
Se trata de Nolberto Martínez, de 23 años, quien ingresó a la plantilla de la institución con ayuda de Ramírez y permaneció ahí por unos meses, curiosamente, cuando se realizaban los desembolsos a favor de las ONG. Pero, Martínez aparecía de otra manera también vinculado al jefe departamental y es que, para más coincidencia, había sido empleado particular de su madre en uno de sus establecimientos.
Otra cuestión que salió a luz es que Ramírez entregó el dinero público a una ONG constituida por una persona salpicada años atrás en un hecho de robo a un banco. Se trata de Édgar Osvaldo Galeano Bogado, un exfuncionario del Ministerio Público, según los antecedentes.
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