Ante la imputación formulada y puesto que el doctor Sindulfo Blanco, en su carácter de Ministro de la Corte Suprema de Justicia se halla investido de fueros constitucionales, de conformidad a los artículos 225 y 255 de la Constitución Nacional y 328 b) y c) del Código Procesal Penal, solicitamos al Juez Penal de Garantías que, previo análisis del mérito de la investigación, lo comunique a la Honorable Cámara de Diputados a fin de que ésta resuelva si corresponde o no el desafuero, a los efectos de la remoción del obstáculo legal para la iniciación del proceso en relación al citado Ministro de la Corte Suprema de Justicia e imprima posteriormente los trámites correspondientes a la persecución penal. La doctora Alicia Pucheta, quien había integrado la Sala Penal, votó por el rechazo de la casación que presentó Franklin Kennedy, sin embargo, Blanco consiguió la adhesión de su entonces colega Víctor Núñez – también imputado hoy – y con dos votos favorables revocaron la resolución de la Cámara de Apelaciones y confirmaron la condena a Peter Kennedy, pero la redujeron de seis a dos años y medio de prisión.
Asunción, IP.- Los agentes fiscales anticorrupción René Fernández, José Dos Santos y Luis Piñánez presentaron imputación en contra del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, y del exministro Víctor Núñez, por la supuesta comisión del hecho punible de prevaricato.
Los representantes del Ministerio Público solicitaron al juez Gustavo Amarilla el desafuero del alto magistrado para que afronte un proceso penal.
Según el escrito de imputación, el tipo legal de prevaricato constituye un hecho punible especial, puesto que requiere la configuración en su autor de una cualidad especial, en este caso, el ejercicio de la magistratura judicial (“el juez”). Los ministros Sindulfo Blanco y Víctor Manuel Núñez, cumplen dicha condición de autor, pues realizaron la conducta ejerciendo la función de Ministros de la Corte Suprema de Justicia.
El escrito de imputación señala además que, los citados Magistrados desatendieron estos principios y normas básicas que regulan el sistema recursivo paraguayo, pues no debe perderse de vista que la única excepción a dichas reglas, asumida como un criterio jurídico por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es lo relativo al estudio de la vigencia de la acción, “por ser una cuestión de orden público”.
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