Siete fiscales asignados a Luque fueron recusados por los abogados de dos imputados tras el desalojo de los invasores de un predio de 68 hectáreas de Copaco. En setiembre vence el plazo para presentar acusación, pero la Fiscalía General dilata la resolución de los rechazos.
LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). A principio del año 2018 más de 400 familias invadieron 68 hectáreas pertenecientes a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) en las compañías Cañada San Rafael e Isla Bogado. Luego de un año de la ocupación ilegal, en marzo de este año, se procedió a la expulsión de los usurpadores.
Los principales instigadores de la invasión fueron Cristina Aquino (recluida en la Cárcel del Buen Pastor), Néstor Noceda con prisión domiciliaria y Samuel Flores, con libertad ambulatoria.
Días después los abogados Roberto Bernal (representante de Flores) y Robín Miranda (defensor de Noceda) recusaron a los siete fiscales de Luque. Primeramente fueron recusados Fátima Villasboa y Francisco Cabrera (quienes encabezaron el procedimiento de desalojo) y unos meses después fueron apartados Francisco Torres y Néstor Cañete.
La causa recayó en la unidad 7 de la fiscala Mirtha Ortiz, quien también fue recusada, junto a todos los asignados a la fiscalía zonal, incluyendo el fiscal adjunto del área Central, Ricardo Merlo.
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