La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, presentó ayer una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que absolvieron a los campesinos condenados por el caso Curuguaty. La acción contra Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez es …
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, presentó ayer una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que absolvieron a los campesinos condenados por el caso Curuguaty. La acción contra Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez es por mal desempeño en sus funciones.
ASUNCIÓN.- Los camaristas conformaron la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a los efectos de estudiar dos recursos extraordinarios de casación planteados en la causa: N° 130/2012, caratulada. “Ministerio Público c/Felipe Benítez Balmori y Otros s/ S.H.P de homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de inmueble ajeno”.
El Ministerio Público, teniendo en cuenta el análisis de las conductas desplegadas por cada uno de los magistrados, peticionó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tener por formulada la presente acusación, en los términos que anteceden contra los camaristas, miembros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además, de tener por ofrecidas las pruebas instrumentales que hacen a la acusación, ordenando el desglose y devolución de los documentos originarios previa autenticación de las copias por Secretaría y finalmente, oportunamente y previo trámites de rigor dictar...
Según los antecedentes, el Ministerio Público formuló imputación y luego de culminar la etapa investigativa, presentó la teoría del caso y la solicitud de debate público a la jueza Penal de Garantías, quien en su calidad de controladora de las garantías que rodean al debido proceso y tras resolver los numerosos incidentes planteados por las partes durante la audiencia preliminar, dispuso a través del Auto Interlocutorio N°59 del 9 de octubre de 2013, la elevación de la causa a juicio oral y público.
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