La firma explotadora de la quiniela desde 2015, TDP SA, dijo que en 2019 se creó el reglamento para pago de impuestos por juegos de azar, mediante el Decreto N° 1.860, y que por eso no abonó lo que después le reclamó el Fisco. Sin embargo, para el Ejecutivo y para la Fiscalía, ese documento “no existe”, por lo que el representante de la compañía irá a juicio oral por presunta declaración falsa, ya que habría usado maniobras para no tributar.
La fiscala María Estefanía González, que investiga el caso sostiene en el escrito de su acusación que la explotadora de la desde el 2015, TDP SA, mintió para volver a ser adjudicada en 2020. Según la agente, para alegar que no era morosa del fisco, dicha empresa reportó un documento “que no existe”, el supuesto Decreto N° 1860/19.
González describe que al firmar el contrato de la concesión del citado juego de azar en 2015, cuyo proceso licitatorio es responsabilidad de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (), la compañía, cuyo directivo es , se comprometió a, entre otros puntos, las obligaciones por la explotación de la quiniela durante 5 años.
La agente sostiene que no encontró comprobantes de cumplimientos del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (Iracis), del impuesto establecido en la Ley N° 431/73 a favor de los veteranos de la Guerra del Chaco, la donación a entidades de beneficencia establecida en la Ley N° 1016/97, el 50% de los premios no entregados a favor de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social () y el otro 50%, al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (). Añade que ante la ausencia de comprobantes, la Conajzar debió .
Sin embargo, la Comisión volvió a adjudicar la concesión del juego a la misma firma, en 2020. En ese llamado, uno de los formularios del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) era la declaración jurada de estar al día con todas sus obligaciones. El directivo de TDP SA, Álvaro Wasmosy, firmó ese documento y por ello, la Fiscalía acusó al empresario por el hecho punible de declaración falsa y pidió juicio oral (para él y otras seis personas, entre ellas, autoridades actuales y exautoridades de Conajzar).
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