A una semana del escándalo por las presuntas sobrefacturaciones y compras dudosas a clanes familiares, que involucra la gestión del ex intendente de Asunción e intendente electo, Óscar Nenecho Rodríguez, la Justicia sigue despreocupada. De hecho, el Ministerio Público ni siquiera ha designado a un fiscal para que investigue las graves denuncias contra Rodríguez. La ciudadanía tomó conocimiento de la situación gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública y ante un amparo constitucional presentado por la candidata Johana Ortega. Sin esa acción nada se habría sabido respecto de las irregularidades. La victoria del candidato cuestionado no debe ser motivo para ignorar las acusaciones. La Justicia debe dejar de ser complaciente e investigar las graves irregularidades detectadas, de no hacerlo estará enviando un mensaje de respaldo a la impunidad.
Resulta preocupante el silencio del Ministerio Público. A una semana del estallido del escándalo por la supuesta sobrefacturación de insumos comprados en plena emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, aún no hay un fiscal designado. La Fiscalía General del Estado debe velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, y le corresponde promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y social; y para lograr ese cometido dispone de autonomía funcional y administrativa. Sin embargo, ha elegido no hacer nada.
La Municipalidad de Asunción se había visto obligada a publicar los detalles de gastos por pandemia durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez, y así la ciudadanía pudo conocer la situación y el detalle de aquellos gastos gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública. Una vez publicadas las facturas, se desató el escándalo y comenzaron los cuestionamientos por tan llamativos precios. Entre los contratos aparecieron empresas sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Una de ellas, la Distribuidora Diest Medicinal SRL, de Benicio Cano, que figura en varios...
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