ASUNCIÓN. La Fiscalía General del Estado se pronunció a favor de la extradición del ex senador argentino Edgardo Darío Kueider y de su secretaria Lara
ASUNCIÓN. La Fiscalía General del Estado se pronunció a favor de la extradición del ex senador argentino Edgardo Darío Kueider y de su secretaria Lara Magdalena Guinsel Costa, ambos requeridos en su país por el delito de lavado de activos agravado. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó que la entrega a la justicia argentina se postergue hasta la culminación del proceso penal que enfrentan en Paraguay por contrabando, causa que está a cargo del juez Humberto Otazú.
De acuerdo con la acusación en Argentina, Kueider y Guinsel habrían participado de un esquema de corrupción a través de las firmas Betail S.A. y Edekom S.A.. Desde 2017, supuestamente realizaron operaciones financieras y adquisiciones de alto valor con el objetivo de dar apariencia legal a fondos irregulares, vinculados a sobornos y negociaciones incompatibles dentro de la empresa estatal Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA). Entre los bienes incautados en la investigación figuran departamentos de lujo en Paraná, además de un Chevrolet Trailblazer y un Peugeot 208.
El dictamen fiscal, elaborado por el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, sostuvo que la solicitud de extradición cumple con los requisitos del Tratado de Extradición entre Paraguay y Argentina, al haber sido presentada por la vía diplomática y acompañada de resoluciones judiciales firmes. También resaltó que la conducta investigada está tipificada en la legislación paraguaya como lavado de activos.
No obstante, el Ministerio Público solicitó que se aplique la cláusula de aplazamiento, de modo que los acusados permanezcan en Paraguay hasta la finalización del proceso local por contrabando, antes de ser entregados a las autoridades argentinas. Además, el dictamen recordó la vigencia de los principios de especialidad y reextradición, que impiden juzgar a los requeridos por hechos distintos a los mencionados en el pedido formal y prohíben su entrega a un tercer Estado sin consentimiento paraguayo.
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