Los fiscales Natalia Fúster y Néstor Coronel urgieron a la Sala Constitucional de la Corte, que resuelva, en la brevedad, la acción de inconstitucionalidad presentada por Dany Durand contra la resolución de la Cámara de Apelación, que anuló su absolución por declaración falsa y ordenó que se haga un nuevo juicio oral. Los agentes del Ministerio Público alegaron que para el 15 de marzo de 2024 está prevista la nueva audiencia pública. Si los ministros dilatan su fallo, es casi seguro que Durand use eso como excusa para solicitar la suspensión del juicio. El exdiputado y exministro del Ejecutivo, tiene varios procesos por estafa en perjuicio de víctimas de Mocipar.
La causa data del 2019 y en el marco de la cual Dany Durand fue absuelto por los jueces Elio Ovelar y Darío Báez. La jueza María Luz Martínez había votado por la condena del acusado por el hecho punible de declaración falsa ante la Contraloría. Esta sentencia fue apelada por la Fiscalía y la Cámara anuló el fallo cuestionado. Contra la decisión de segunda instancia acción Durand y en la Sala Constitución está pendiente de resolución su presentación.
Por unanimidad, los magistrados José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete anularon la Sentencia Definitiva Nº 122 del 17 de abril pasado, tras concluir que la misma carece de fundamentación. Hablaron de “Vicios de la sentencia. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación y la casación, serán los siguientes: 4) que carezca, sea insuficiente o contradictoria la fundamentación de la mayoría del tribunal”.
La acusación contra Durand se centra en las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por Dany Durand, quien ocupaba el cargo de ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Este habría proporcionado información incorrecta y omitido detalles significativos en sus declaraciones.
En particular, se señala, que, en la declaración jurada de septiembre de 2018, Durand incluyó una propiedad (finca n° 9.176 en Ypacaraí) que supuestamente adquirió en 1994, valorándola en G 1.200.000.000. Sin embargo, según la acusación, este inmueble fue adquirido en abril de 2018 por contrato privado sin certificación de firmas, y aún no se había completado el pago total al momento de la declaración.
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