El fiscal general, Emiliano Rolón deberá acusar o no a los directivos de la Caja de Jubilados Bancarios, procesados por un desvío de G. 2 billones. En la audiencia preliminar realizada la semana pasada, el fiscal Martín Morínigo se ratificó en el dictamen de la fiscala adjunta, Patricia Rivarola, de que no se pudo llegar … Fiscal general decide si acusa o no por el desvío de G. 2 billones en Caja Bancaria Leer más »
El fiscal general, Emiliano Rolón deberá acusar o no a los directivos de la Caja de Jubilados Bancarios, procesados por un desvío de G. 2 billones. En la audiencia preliminar realizada la semana pasada, el fiscal Martín Morínigo se ratificó en el dictamen de la fiscala adjunta, Patricia Rivarola, de que no se pudo llegar a la “convicción suficiente” de que existe un hecho delictivo y la participación de los autores.
Sin embargo, el juez Yoan Paul López imprimió trámite de oposición, previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal, ya que según el magistrado hay una falta de acusación y el superior jerárquico debe evaluar las actuaciones de los inferiores. En la causa, la fiscala Stella Marys Cano se había allanado a extinción de la acción y la jueza Cynthia Lovera envió los antecedentes a la fiscal adjunta, que no ratificó la postura de Cano, ni acusó, sino pidió el sobreseimiento definitivo por la falta de prueba suficiente. Lovera rechazó el dictamen de Rivarola, pero sobreseyó a los acusados....
“Nuestro sistema de enjuiciamiento penal, se encuentra diseñado conforme a la estructura del debate, propio de un sistema Republicano de derecho que descansa esencialmente en el sistema acusatorio. En ese sentido, se consagra la separación de roles de investigador y juzgador, definiendo el código de procedimientos penales la función de cada etapa del proceso y su división”, dijo en una parte de su resolución le magistrado.
“El sistema acusatorio vigente que sostiene la separación de roles de investigador y juzgador, contempla que el titular de la acción penal pública es el Ministerio Público y en ese sentido, es la parte requirente del impulso procesal de esa acción, quedando a cargo del juzgador dar correspondiente, la necesidad del proceso, como garantía de rango constitucional y al efecto de administra las pretensiones procesales de las partes, se erige necesariamente como premisa mayor de DEBIDO PROCESO. Cualquier decisión fuera de ello, sería desnaturalizar el sistema de enjuiciamiento”, agregó.
Leer la nota completa en El Observador
