La empresa iCrop SA aseguró que es una empresa legalmente constituida y que no es “de maletín”; negó además que utiliza la fuerza pública para obligar a comerciantes a someterse al actual catastro de las tragamonedas, que se está realizando en sitios que no son exclusivos de juegos de azar. Fue ayer, día en que los explotadores de estas máquinas salieron nuevamente a protestar en contra de esta firma y de Conajzar.
Luego de que se descubriera que la empresa citada puede llegar a obtener una ganancia de US$ 1,5 millones al mes, tras dos protestas en su contra y duros cuestionamientos por parte de senadores en la sesión extraordinaria del pasado martes, iCrop SA rompió el silencio y mediante un comunicado firmado por Ariel Peña, su gerente general, aseguró que no es una empresa de “maletín” y que funciona legalmente. La compañía mantiene un contrato directo con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz, con el cual se le autorizó a realizar censo, catastro y explotación...
Peña recordó que en 2019, iCrop SA presentó un proyecto a Conajzar con el cual ofreció una plataforma tecnológica de censo y catastro de máquinas tragamonedas en sitios que no sean salas de juegos de azar, tales como bares, cafeterías, pubs, restaurantes, quioscos, bodegas y similares, y que la propuesta fue autorizada mediante la Resolución N° 34/2020 de dicha Comisión. Destacó que la firma “no cobra canon, no fiscaliza ni controla las actividades de juegos de azar”.
Uno de los cuestionamientos hacia iCrop ha sido su incompetencia en cobrar la tasa por la explotación de las máquinas, una función que compete a las municipalidades. Al respecto, el gerente general de la firma aseguró que se puede comprobar que no trasgrede las normas con sólo leer el detalle de la factura que emite, aunque según corroboró ABC, el concepto de cobro dice “explotación de máquinas de juegos de azar”. La descripción de ese concepto se basa en el “reglamento aprobado, lo cual constituye un acuerdo comercial y voluntario con terceros de (abonar) G. 300.000 por máquina catastrada”.
No precisó, sin embargo, quiénes son las partes involucradas en la fijación del precio “voluntario”, ya que los comerciantes sólo son notificados del monto que deben pagar y desde Conajzar se informó que iCrop SA es la que establece el valor de cobro que considere justo por sus gestiones de censar y catastrar. Incluso, esta institución señaló que la empresa privada sólo debe asegurar la transferencia del canon, consistente en un jornal mínimo por máquina, al mes (G. 88.051 actualmente). De esta manera, se evidencia que la firma privada se queda con el 70% de las recaudaciones y Conajzar,...
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