El Frente Guasu (FG) denunció a la Fiscalía un presunto negociado con alquileres de oficinas entre los miembros del TSJE y una inmobiliaria, que sería intermediaria. Este grupo político aseguró que hay daño patrimonial.
La denuncia del FG fue presentada a la fiscala Soledad Machuca, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. De esta manera, se abre un nuevo frente desde el Senado en contra de los principales miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE): Jaime Bestard (ANR, cartista), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María E. Wapenka (PRF).
Los tres ya fueron “blanqueados” por supuesto cobro indebido de viáticos de viajes fantasmas y otros posibles delitos, siendo fiscal general Javier Díaz Verón, actualmente preso e imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. Ahora la Cámara de Diputados ya prepara el libelo acusatorio contra los tres magistrados para removerlos por la vía del juicio político por presunto prevaricato porque, sin tener competencia, aprobó la renuncia de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod (ANR, cartista), e incluso convocó a elecciones municipales para 2019.
En su acusación, el FG señala que el TSJE se niega a entregar títulos de propiedad y contrato de inmuebles alquilados por licitación a Naisal Negocios Inmobiliarios SA, cuyo representante legal es Ismael Hadid Florentín, en situaciones sospechosas.
Dicha empresa en julio de 2014 ganó su primera licitación con el TSJE por G. 4.280 millones por el alquiler de 220 locales durante seis meses. Esta empresa ganó esta licitación luego de anularse un presunto negociado anterior de “alquileres de oro”, con otras empresas, por el que casi someten a juicio político a Ramírez Zambonini, entonces titular del ente, quien ha “sobrevivido” a numerosas amenazas similares.
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