El Ministerio Público dio a conocer un informe que dimensiona el impacto de los feminicidios en Paraguay más allá de las víctimas directas. De acuerdo con datos del Observatorio institucional, en un periodo cercano a diez años un total de 563 niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad como consecuencia de estos crímenes, configurándose como víctimas colaterales de la violencia extrema contra las mujeres.
El reporte se presenta en el marco de los diez años de vigencia de la Ley N.° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, y pone el foco en una problemática poco visibilizada: la situación de niñas, niños, adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidio. Entre los años 2017 y 2025, el Observatorio contabilizó 563 huérfanos, de los cuales 374 eran menores de edad al momento del hecho, lo que equivale al 66 % del total. En términos generales, seis de cada diez huérfanos son niños, niñas o adolescentes, mientras que 170 correspondían a hijos mayores de...
Cuando las víctimas indirectas son menores y el padre se encuentra privado de libertad o falleció haya sido o no responsable del crimen entra en vigencia la Ley N.° 7349/2024, que establece una pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad afectadas por feminicidio u homicidio de uno de sus progenitores en un contexto de violencia familiar. En estos casos, el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia es el encargado de definir las medidas de protección, verificar el cumplimiento de los requisitos legales y ordenar el pago de la pensión. Si la persona afectada es mayor de...
Además, cuando un niño o niña queda sin el cuidado materno, se inicia un proceso judicial de guarda y custodia, acompañado por la Defensoría de la Niñez, a fin de garantizar su protección integral.
La normativa también creó un Programa de Atención Integral, bajo responsabilidad del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), destinado a acompañar a las víctimas colaterales. Este programa se ocupa de gestionar el pago de la pensión, brindar orientación y acompañamiento, articular acciones con los sectores de salud, educación y asistencia social, realizar seguimiento de cada caso y asegurar la restitución de derechos. Los recursos para su funcionamiento están previstos en el Presupuesto General de la Nación, asignados específicamente al MINNA.
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