Política para todos - Paola Vaccotti
Esta semana Paraguay contabilizó la víctima número 30 de feminicidio en lo que va del año 2019, sumando más de 65 niños y niñas que quedan huérfanos de madre en estas circunstancias. Su nombre, su cara, la cara de su hija menor de edad, las características de su personalidad y mucha otra información tal vez fantasiosa, ya fue publicada y distribuida por todos los medios de comunicación convencionales y redes sociales. Omitir su nombre en este caso, no busca despersonalizar el hecho sino solamente guardar un poco de respeto a su memoria tan violentada en estos días.
La situación está siendo material de conversación en todo tipo de ambientes, especialmente en las redes sociales donde las personas toman posición de manera a veces fanática a favor de alguno de los involucrados (la víctima o el victimario). Pero lo realmente importante es hacer un paréntesis y reflexionar sobre qué lleva a una persona a tener o pensar que tiene poder sobre otra hasta tal punto de quitarle la vida.
La Ley 5777 del año 2016 se plantea como una política estatal “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, siendo una normativa alejada del capricho y cercana a la necesidad de contar con un marco de protección frente a una realidad ardiente, que quema las estadísticas y que duele en lo más profundo. Esta ley además puso nombre a otras formas de violencia que no se encontraban contempladas en la normativa paraguaya y amplió el alcance de otros tipos de violencia que ya contenían el Código Penal y en la Ley 1.600/2000 “Contra la Violencia Doméstica”. Las formas...
Pero el logro más grande fue ponerle nombre y penalizar el feminicidio, que no es un homicidio nada más, ya que a la gravedad de quitar la vida a una persona conscientemente, se suman variables que tienen relación con la condición de mujer de la víctima y con cuestiones perversas donde las asimetrías son la regla.
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