Federico Ezequiel Santoro Vassallo, conocido como «Capitán», fue sentenciado a 15 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de participar en una sofisticada red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. Extraditado desde Paraguay en julio de 2024, Santoro era considerado un colaborador clave del prófugo uruguayo Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes […]
Federico Ezequiel Santoro Vassallo, conocido como «Capitán», fue sentenciado a 15 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de participar en una sofisticada red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. Extraditado desde Paraguay en julio de 2024, Santoro era considerado un colaborador clave del prófugo uruguayo Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados de América del Sur.
Según documentos judiciales, Santoro desempeñó un rol central en el blanqueo de millones de dólares provenientes del tráfico de cocaína, operando como un enlace crucial entre organizaciones criminales y sistemas financieros internacionales. En un período de menos de cinco meses, el uruguayo facilitó el movimiento de más de 11 millones de dólares a través de bancos estadounidenses, utilizando una compleja red de empresas fachada y facturación falsa para evadir los controles anti-lavado. Como compensación, Santoro recibía un porcentaje de los fondos ilícitos que lograba blanquear.
Las autoridades estadounidenses destacaron que Santoro no solo gestionaba estas operaciones, sino que también recurrió a amenazas de violencia para proteger sus actividades y garantizar el flujo de dinero. Su arresto en 2023, en el marco de la «Operación A Ultranza Py» –la mayor investigación contra el crimen organizado en Paraguay–, marcó un hito en la lucha contra las redes transnacionales de narcotráfico. Esta operación, apoyada por el Departamento de Justicia de EE.UU. y la DEA, permitió desmantelar parte de la estructura financiera que sostenía las actividades delictivas de Marset.
El tribunal estadounidense, además de imponer la condena de 15 años, dictó una orden de decomiso por un monto de $11,537,860.47, reflejando la magnitud de las operaciones ilícitas dirigidas por Santoro. La sentencia envía un mensaje contundente a las redes de lavado de dinero que operan a nivel global, subrayando la determinación de las autoridades para perseguir a quienes facilitan el flujo de capitales provenientes del narcotráfico.
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