El abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos analizó en conversación con Judiciales Net algunos de los desafíos actuales que enfrentan los profesionales del derecho dentro del sistema penal paraguayo, particularmente en relación con decisiones de tribunales de apelación que, según señaló, están generando debate sobre la seguridad jurídica y el alcance de las facultades de los distintos actores del proceso.
Uno de los puntos centrales mencionados por el profesional se refiere a resoluciones de segunda instancia que ordenan la continuidad de investigaciones penales incluso después de que el Ministerio Público haya decidido cerrar el caso.
Según explicó, se trata de un fenómeno que comienza a observarse con mayor frecuencia en los tribunales de apelación.
“Concretamente me refiero a los fallos de los tribunales de apelaciones que están resolviendo que, aunque el fiscal adjunto, en representación del fiscal general del Estado, haya dado por cerrada la investigación penal, las cámaras digan: ‘No, señores, ustedes tienen que seguir investigando, porque esta fundamentación no es suficiente, no es coherente, no es aceptable’”, sostuvo.
El abogado cuestionó particularmente la lógica de algunas resoluciones que consideran insuficiente la fundamentación fiscal cuando se argumenta que determinados hechos no pudieron ser comprobados.
Leer la nota completa en Judiciales Paraguay
