Es la primera vez que por este tipo de resoluciones se acusa al Paraguay. Se trata del ex fiscal Alejandro Nissen, destituido porque supuestamente pasó información de sus casos a la prensa.
El informe se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la violación de garantías judiciales en procesos en su contra por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que lo removió como agente fiscal penal.
Nissen investigaba varios casos de corrupción y en marzo del 2002, se presentó una denuncia ante el JEM por mal desempeño en sus funciones. Lo destituyeron en abril de 2003 y en 2004 la Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad que planteó.
En su informe, la CIDH remarcó que en los procesos contra fiscales ante el Jurado, se aplica el derecho a contar con juez competente, independiente e imparcial; el derecho de defensa y el principio de congruencia.
También se deben aplicar el derecho a contar con decisiones motivadas, principio de legalidad y el derecho a la libertad de expresión; y el derecho a recurrir el fallo y a la protección judicial.
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