El polémico proyecto del Metrobús, que nunca llegó a concretarse, vuelve a generar un conflicto internacional para Paraguay.
La constructora portuguesa Mota Engil decidió acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, para reclamar una compensación económica tras la cancelación del contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La firma europea busca reabrir la disputa luego de que, en octubre de 2024, el Tribunal de Apelación de la Tercera Sala de la Capital anulara un laudo arbitral que obligaba al Estado paraguayo a pagarle alrededor de USD 13 millones más intereses. Esa resolución había significado un alivio financiero superior a los USD 16 millones para las arcas públicas. Sin embargo, la compañía recurrió al CIADI en julio de este año, solicitando la conformación de un nuevo tribunal arbitral.
Medios portugueses recordaron que el contrato con Mota Engil se firmó en 2016 por un valor de 45,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. En ese momento, la constructora estaba fuertemente orientada hacia América Latina como mercado de expansión. El Metrobús, que pretendía conectar Asunción y San Lorenzo con un corredor exclusivo, quedó inconcluso tras años de demoras, cuestionamientos técnicos y acusaciones cruzadas entre la empresa y el Estado paraguayo sobre quién cargaba con la responsabilidad del fracaso.
En diciembre de 2023, un tribunal arbitral había resuelto que Paraguay debía pagar USD 13 millones adicionales a lo ya desembolsado, más intereses, lo que elevaba la cifra final a unos USD 16 millones. El procurador general de la República, Marco Aurelio González, fue el encargado de comunicar esa decisión, que generó críticas sobre la ineficiencia con la que se manejó el proyecto. No obstante, en octubre de 2024, el mismo González anunció que la Corte anuló parcialmente ese laudo, dejando solo dos obligaciones: que Mota Engil abone más de G. 600 millones al MOPC y que, a su vez, el...
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