Cuando las aguas parecían calmarse en la Cámara Alta, varios senadores de la oposición y la disidencia, denunciaron que seis personas extrañas y vestidas de civil, ingresaron a la sala de sesiones portando armas.
Los tres empleados eran pagados con recursos del Estado por los trabajos que hacían en su propiedad.
El diputado colorado fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras admitir el ilícito y ofrecer pagar G. 30 millones, así como hacer una donación de G. 5 millones, obtuvo la suspensión condicional
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