Sumando los casos de estos tres países, solo un 48% de la ciudadanía se declara satisfecha con la democracia. Esto nos obliga a repensar la defensa democrática desde un enfoque más situado: No basta con reforzar instituciones en abstracto, sino que debemos comprender cómo las personas viven y experimentan la democracia en su cotidianidad. Como advirtió Adorno (1950), el riesgo no es únicamente la eliminación formal de la democracia, sino su vaciamiento desde dentro: un orden que conserva la fachada democrática pero deja de cuidar y representar a la sociedad. Los poderes del Estado, en todos sus niveles, tienen que mostrar que la democracia produce resultados tangibles en la vida cotidiana: Seguridad, justicia, servicios públicos de calidad. Y la sociedad civil debe asumir un rol activo en la vigilancia y defensa de los derechos, no solo reaccionando cuando estos se ven amenazados, sino promoviendo una cultura democrática que se viva en las escuelas, en los barrios y en las redes sociales. Sin esta reconexión entre arreglos institucionales y experiencia vivida, cualquier estructura democrática será un cascarón vacío, vulnerable a líderes que ofrecen orden a cambio de libertad. La verdadera defensa de la democracia empieza en la forma en que la sentimos y ejercemos día a día.
A finales de julio, el Congreso de El Salvador, con la mayoría oficialista, aprobó la reelección indefinida, extendiendo el mandato presidencial de 5 a 6 años y estableciendo elecciones simultáneas sin segunda vuelta. En Ecuador, a mediados de agosto, el presidente Daniel Noboa encabezó y alentó una marcha contra los jueces de la Corte Constitucional, después de que frenasen propuestas que violaban la Constitución y, por ende, la institucionalidad del país. Llegó incluso a publicar las fotografías de los magistrados que vetaron sus iniciativas. En Chile, el candidato de extrema derecha José...
En los tres casos la lógica es similar: Ordenar y disciplinar a los demás poderes del Estado para ajustarlos a las necesidades del Ejecutivo, ya sea desde el poder, como Bukele y Noboa, o desde la aspiración a ejercerlo como Kast. Son medidas y discursos que pueden inscribirse en el terreno de lo iliberal, cercanos a las prácticas de líderes autoritarios. Sin embargo, más allá de las acciones de estos actores políticos, hay un elemento central que no podemos pasar por alto: La adhesión ciudadana a este tipo de medidas, celebradas en las calles y amplificadas en redes sociales.
Esto plantea un interrogante profundo sobre cómo estamos percibiendo y experimentando la democracia en la región. Los datos del Barómetro de las Américas muestran que el apoyo a la democracia como “la mejor forma de gobierno” alcanzó su punto máximo en 2008 con un 69% a nivel regional. Entre 2016 y 2019, este respaldo descendió al 58%. No es una variación menor: Refleja un cambio en cómo las personas entienden su vida en sociedad y su relación con el régimen democrático.
Si miramos casos específicos: En Chile, el apoyo tuvo picos del 80% en 2010 y 2014, pero cayó a un 61% en 2016-17, para luego recuperarse a un 70% en 2023. En Ecuador, el máximo se dio en 2014 con un 67%, y el mínimo en 2023 con un 51%. En El Salvador, el pico fue en 2021 con un 73% y el más bajo en 2016 con un 55%.
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