El diputado al Parlamento Europeo Javier Nart envió una carta a Daniel Quintero Calle, alcalde de la ciudad colombiana de Medellín, para advertirle que contratar una brigada de médicos cubanos para enfrentar el COVID-19 en esa urbe implicaría hacerse cómplice de la violación de los derechos humanos de esos profesionales, según reseña el sitio Diario de Cuba.
"La salud de su población no puede basarse en la violación de los derechos humanos", puntualizó Nart en la misiva, en la que recordó que el informe de Naciones Unidas del 6 de noviembre de 2019 condenó a La Habana por esclavitud, trata de personas y trabajo forzado.
Diario de Cuba subraya que en un informe realizado por varios relatores de ese organismo multilateral, estos alertaron que las llamadas "misiones de internacionalización" podrían constituir un delito de lesa humanidad y una forma contemporánea de esclavitud.
"El Código Penal de Cuba (artículo 135) fija penas de hasta ocho años de prisión contra los médicos y enfermeros de estas misiones si deciden abandonar el trabajo o no volver a Cuba, impidiéndoseles la reagrupación familiar", apuntó Nart en la carta a Quintero Calle.
"Se les retienen los contratos, se les confisca más del 75% de los ingresos, lo que 'no les permite vivir dignamente', se les hace trabajar más de '64 horas semanales' (160% del máximo autorizado por la OIT), tienen restringida y vigilada la libertad de movimiento y el derecho a la privacidad o las comunicaciones con personas nacionales o extranjeras".
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