Eternos facinerosos del transporte público - Editorial - ABC Color

Eternos facinerosos del transporte público - Editorial - ABC Color

El importe de todo subsidio, sea que consista en una “tarifa social” o en la entrega de dinero contante y sonante, recae, en última instancia, sobre todos los contribuyentes. Aparte de su financiamiento, genera el serio problema de que se presta al fraude, esto es, que lo reciba quien no reúna las condiciones exigidas para concederlo, gracias a sus buenas relaciones con quienes ejercen algún cargo público. Se trata de un delito frecuente, pese a que el Código Penal castiga con multa o con hasta cinco años de cárcel la “adquisición fraudulenta de subvenciones”, pena que aumenta hasta diez años cuando el autor se vale del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición. Un caso especial, de larga y penosa vigencia, que empezó en 2012, es el subsidio al transporte público de pasajeros en la Gran Asunción, financiado por los contribuyentes de todo el país y cobrado por sinvergüenzas.

En una economía de mercado, lo ideal es que no haya subsidios ni para los productores ni para los consumidores. Los precios de bienes y de servicios deberían responder al libre juego de la oferta y de la demanda, pero en el mundo real suele ocurrir que se recurre a ellos para auxiliar a algún sector de la población que se halle temporalmente en apuros. En principio, dichas prestaciones públicas deberían ser pasajeras, pero tienden a volverse permanentes por razones políticas: los beneficiarios las consideran derechos definitivamente adquiridos y se esfuerzan por conservarlos, a espaldas de...

En efecto, el importe de todo subsidio, sea que consista en una “tarifa social” o en la entrega de dinero contante y sonante, recae, en última instancia, sobre todos los contribuyentes. Aparte de su financiamiento, genera el serio problema de que se presta al fraude, esto es, que lo reciba quien no reúna las condiciones exigidas para concederlo, gracias a sus buenas relaciones con quienes ejercen algún cargo público. Se trata de un delito frecuente, pese a que el Código Penal castiga con multa o con hasta cinco años de cárcel la “adquisición fraudulenta de subvenciones”, pena que aumenta...

Un caso especial, de larga y penosa vigencia, es el subsidio que se viene pagando desde 2012 al transporte público de pasajeros en la Gran Asunción, financiado por los contribuyentes de todo el país y cobrado por sinvergüenzas que, en los últimos meses, han llegado al colmo de apelar al chantaje, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. Desde hace años se sabía que declaraban una cantidad de usuarios mayor que la real, habiéndose constatado que a las 8:00 del viernes 23 de octubre de 2020, supuesto primer día del empleo obligatorio del billetaje electrónico, el sistema había sido...

El Ministerio Público tiene la palabra. Estos bandidos deben ir a la cárcel y devolver el dinero público que embolsaron mediante el fraude: estafaron a cada uno de los contribuyentes y privaron de recursos al Estado para atender las necesidades de la población. Los mismos que no perdonarían que se viajara sin pagar tuvieron ingresos ilícitos en perjuicio de todos. También tienen que ser perseguidos por la Justicia todos aquellos funcionarios que cerraron los ojos, incumpliendo su deber de controlar, por negligencia o complicidad. No basta con hacer borrón y cuenta nueva, es decir, que en...

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