Eternos facinerosos del transporte público - Editorial - ABC Color

El importe de todo subsidio, sea que consista en una “tarifa social” o en la entrega de dinero contante y sonante, recae, en última instancia, sobre todos los contribuyentes. Aparte de su financiamiento, genera el serio problema de que se presta al fraude, esto es, que lo reciba quien no reúna las condiciones exigidas para concederlo, gracias a sus buenas relaciones con quienes ejercen algún cargo público. Se trata de un delito frecuente, pese a que el Código Penal castiga con multa o con hasta cinco años de cárcel la “adquisición fraudulenta de subvenciones”, pena que aumenta hasta diez años cuando el autor se vale del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición. Un caso especial, de larga y penosa vigencia, que empezó en 2012, es el subsidio al transporte público de pasajeros en la Gran Asunción, financiado por los contribuyentes de todo el país y cobrado por sinvergüenzas. ...[Leer más]