El proyecto de ley que propone que las audiencias de la Corte Suprema de Justicia (y también las del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados) sean públicas es reciente, pero las condiciones para su efectiva implementación están dadas hace mucho. Así lo afirmó la Dra. María Victoria Rivas, directora del Centro de Estudios Judiciales.
“Este es un tema que nosotros hace bastante estamos detrás. Nosotros decimos que la Corte no necesita una ley para ser más transparente, lo que necesita es una autorregulación y una decisión política de ser más transparente, por eso la Corte debe implementar medidas de transparencia, rendición de cuentas de la gestión y prevención de riesgos de corrupción en los procesos de competencia de la Corte en general y en especial de la Sala Constitucional”, señaló la abogada.
Explicó que están dadas las condiciones ya que estas instituciones tienen todos los medios tecnológicos. “Lo que realmente quiero enfatizar es que aquí también hay que cambiar las reglas de funcionamiento de la Corte porque elegir a nuevos magistrados, integrar a nuestros ministros con las reglas actuales no va a tener ningún efecto positivo”, indicó.
Enfatizó en que hay que poner atención en la Sala Constitucional. “Las resoluciones de la esta sala tienen un impacto importante en nuestras vidas, y ahí quiero mencionar algo que me parece fundamental, que es reglamentar el funcionamiento de la oficina de admisibilidad denunciada como foco de corrupción en todas esas audiencias públicas que se ha hecho para seleccionar a los nuevos ministros de la Corte”, explicó.
“De ahí que nosotros insistimos mucho en que la Sala Constitucional debe oralizarse, la decisión, el debate acerca de que una acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada in limine, debe ser pública. Porque la sospecha que ahora existe es que las acciones son rechazadas si no se abonan un canon para su tramitación, entonces, este tema es muy grave para la imagen de la Corte, para la imagen de la Sala Constitucional y sobre todo para la transparencia en los procesos de admisión de las inconstitucionalidades”, puntualizó.
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