El Congreso tiene la facultad constitucional de reglamentar la navegación aérea y hasta la espacial (!), pero sería inútil, pues el Estado no puede saber lo que pasa en sus cielos, por la simple razón de que carece de radares. Y esta es una cuestión que debe llamar seriamente la atención, pues desde hace varios años se viene hablando de su necesidad imperiosa pero siempre se opuso cualquier dificultad para concretarlos. Y ahora resulta que uno adquirido a alto costo... ¡no funciona! Es como para pensar que una gran mano negra opera para impedir que un sistema eficaz de radares funcione en nuestro país.
Un radar primario y otro secundario, comprados de la firma Omni SA -representada por Jorge Ramírez- por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) a un costo de 50.820 millones de guaraníes en total e instalados con atraso en el aeropuerto de Concepción, no funcionan correctamente y son de menor alcance que los previstos en el contrato inicial, adjudicado en 2017 bajo la gestión de Luis Aguirre y ejecutado por posteriores titulares del ente Édgar Melgarejo y Félix Kanazawa. Este último, actual presidente, afirma que los pagos se hicieron antes de que él ocupara el cargo. Sin...
Desde luego, habría sido raro que si en la Dinac se delinquió hasta con mascarillas adquiridas durante la pandemia, se hubiera desaprovechado allí la brillante ocasión de echar un manotazo al financiamiento de los radares: es de pensar que a los inescrupulosos no tendría por qué importarles más la seguridad del espacio aéreo que la salud pública. En efecto, más allá del aparente latrocinio, se plantea aquí la grave cuestión, tantas veces denunciada, de la falta de radares que permitan detectar oportunamente el ingreso de aviones y no solo de los que transportan pasajeros sino, y...
Es una perogrullada decir que mientras persista la ceguera sobre nuestros cielos, que permite el tránsito fluido de avionetas de la mafia, será estéril toda discusión acerca de un proyecto de ley de derribo para combatir el narcotráfico. Al decir del comandante de la FAP, “si tuviésemos los medios para la interceptación, la detección, sería innecesario realizar el derribo. No tenemos esos medios’' (...). Agregó que para controlar el espacio aéreo se necesita un radar primario de largo alcance. En Concepción hay uno que sirve como secundario, que no funciona como tiene que funcionar. De...
Así las cosas, sigue resultando inocua la Ley N° 5400/15, que permite a la FAP obligar a un avión, mediante medidas disuasorias, a descender cuando arroje “elementos” dentro del territorio, invada el espacio aéreo sin permiso de sobrevuelo o autorización del Control de Tráfico Aéreo o “se requiriese la investigación de posibles ilícitos”. No está autorizada a derribarlo. En los últimos siete años ninguna narcoavioneta ha sido interceptada, pues para ello es necesario que previamente sea detectada con medios electrónicos y que haya aviones militares en condiciones operativas. Meses después...
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