A través de los años, las declaraciones juradas del senador colorado Víctor Bogado, a las que nuestro diario se vino refiriendo en los últimos días, demuestran cuán inocuas son las normativas referentes a tales rendiciones para detectar el enriquecimiento ilícito de las personas en el ejercicio de la función pública, debido a la negligencia, cobardía o complicidad de los contralores, fiscales y jueces. Es de recordar que el Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión a quien presente una declaración jurada falsa ante una oficina facultada para recibirla, como es la Contraloría. Esta institución ya advirtió una falta de correspondencia entre las declaraciones juradas del mencionado senador, es decir, que el aumento patrimonial consignado por el mismo fue incongruente con los salarios percibidos en la función pública. Teniendo en cuenta el pobre resultado de su gestión en un paraíso de la corrupción como es nuestro país, tanto la Fiscalía de Delitos Económicos como la Contraloría están en deuda con la población esquilmada por los delincuentes de guante blanco. La lucha contra el enriquecimiento ilícito debe ser una causa nacional para todos los ciudadanos y las ciudadanas.
A través de los años, las declaraciones juradas del senador colorado Víctor Bogado, a las que nuestro diario se vino refiriendo en los últimos días, demuestran cuán inocuas son las normativas referentes a tales rendiciones para detectar el enriquecimiento ilícito de las personas en el ejercicio de la función pública, debido a la negligencia, cobardía o complicidad de contralores, fiscales y jueces.
La Ley Nº 2513/04 dice que comete ese hecho punible el funcionario que “haya obtenido la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios, cuyo valor de adquisición, posesión o usufructo sobrepase sus legítimas posibilidades económicas, y los de su cónyuge o conviviente”. Sirve para constatarlo el cotejo entre las declaraciones juradas de bienes y rentas que debe presentar todo funcionario, incluso el de elección popular, al ocupar un cargo y al abandonarlo, dentro de los quince días en cada caso. Esta norma constitucional ha sido reglamentada por la Ley Nº 5033/13, que...
Es de recordar que el Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión a quien presente una declaración jurada falsa ante una oficina facultada para recibirla, como lo es la Contraloría. Hasta ahora, solo en dos juicios por enriquecimiento ilícito se dictaron condenas, sin que hayan surtido ningún efecto porque las causas se extinguieron al vencer el plazo máximo de duración de los procesos, debido a las constantes chicanas de los defensores. Uno de los fallos recayó en 2006 sobre el expresidente de la República Luis González Macchi, quien durante su desgobierno remesó más de un millón...
Por de pronto, le servirá de mucha ayuda que la Contraloría le remita el lapidario informe que elaboró sobre las seis declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por el legislador entre 1994 y 2010 y que ese organismo guardó bajo siete llaves, pese a que la Ley Nº 276/94 le obligaba a denunciar a la Justicia Ordinaria y al Poder Ejecutivo todo delito del que tenga noticias por sus funciones específicas. Los indicios en tal sentido eran muy serios, pues se constató que no existen correspondencias entre las declaraciones juradas, es decir, que el aumento patrimonial consignado por el...
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