La viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Marta González Ayala, se resiste a perder los millonarios ingresos extras que le generan las multas aplicadas a contribuyentes. Eso se desprende de una nota enviada esta semana a la ministra de Hacienda, Lea Giménez.
Nuestro diario accedió ayer al Memorándum de la SET N° 41, que la viceministra González dirigió el 23 último a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, para expresar su “preocupación e incertidumbre” respecto al tratamiento que se está dando en el Senado a la participación de las multas que cobra esta institución. Los recursos generados en ese concepto benefician a funcionarios de diferentes rangos, incluso a ella misma.
Concretamente, la Cámara Alta decidió recortar a la mitad, de G. 40.000 millones a G. 20.000 millones, lo presupuestado por Hacienda en concepto de multas a ser cobradas a contribuyentes infractores, y hay además una intención de excluirle completamente a la viceministra de la SET de la repartija mencionada. Recordemos que gracias a una resolución que ella misma firmó en 2015, Giménez pasó de cobrar un sueldo global de G. 20 millones a G. 40 millones gracias al porcentaje de la participación de las multas.
Según se lee en el Memorando N° 41, son “los directores, coordinadores, jefes y funcionarios” de la subsecretaría los que están preocupados, tal es así que prepararon y firmaron una nota en la que dieron sus argumentos para defender la repartición de los fondos. Sin embargo, datos no oficiales indican que en la SET hubo mucha presión para que todos los trabajadores firmen la nota, que en realidad sería iniciativa de la viceministra.
La nota empieza así: “Desde hace varios meses, los funcionarios de la SET hemos venido soportando en silencio los inmisericordes ataques mediáticos de ciertos sectores que, siendo sujetos de los rigurosos controles que esta administración ha encarado, se sienten afectados o amenazados probablemente por primera vez en muchos años”. Y añade: “Viendo que este ataque se ha trasladado al seno del Parlamento Nacional, consideramos un deber cívico advertir respetuosamente a los señores parlamentarios las graves consecuencias que pueden derivarse de una decisión adoptada en circunstancias...
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