La ley que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN) afecta directamente a la autonomía de los más de 260 municipios del país, señaló César Florentín, ingeniero geodésico ambiental. Además, como si no fuera suficiente, añadió, se sentencia que “solo serán de acceso público las copias que instrumenten actos, documentos o cualquier otro tipo de instrumento con una antigüedad mínima de ochenta años”.
En otras palabras, explicó el profesional, cada propietario común y corriente alejado del poder no podrá acceder a ninguna copia de su título, plano o informe pericial para defender su propiedad, si es que esta se encuentra en peligro de ser arrebatada, solamente porque su título tiene menos de 80 años de antigüedad, por lo que el poder de turno, hoy el cartismo, decidirá cuál título de propiedad “es el verdadero y cuál es el falso”.
Al respecto, advirtió que esta situación pone en peligro toda la seguridad jurídica del país y futuras inversiones inmobiliarias.
Sostiene que si esta ley no es anulada, se viene un caos jurídico sin precedentes en el corto plazo, además de la aniquilación del derecho a cada propietario de defender su propiedad. “Y el Estado debe garantizar la libertad y la propiedad”, aseguró Florentín.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están trabajando actualmente en el proceso de implementación del nuevo registro unificado. La Ley N° 7.424/2025, que crea el RUN, fue promulgada por el Poder Ejecutivo en enero último, pero sigue generando críticas desde diversos sectores afectados.
Leer la nota completa en Diario ABC
