La incorporación obligatoria de los contratados públicos a la Caja Fiscal abre un debate más amplio que el previsional: cómo financiar el sistema sin profundizar la fragilidad de trabajadores que ya enfrentan menor estabilidad, menor protección y menos margen para absorber una pérdida inmediata de ingresos.
En el sector público, el contratado no está en igualdad de condiciones que el nombrado
El Decreto Nº 5919/2026, que reglamenta el artículo 84 de la Ley Nº 7445/2025 de la Función Pública y la carrera del Servicio Civil, establece que a partir del segundo semestre del año 2026 progresivamente los trabajadores de la función pública en condición de contratados, salvo excepciones especificadas, deberán cotizar obligatoriamente en la Caja Fiscal.
Con estas nuevas reglas de juego, los funcionarios públicos contratados pasarán de un régimen de 10% de Impuesto al Valor Agregado sobre sus ingresos y un 30% de retención obligatoria del IVA por parte del Estado, a un 16% (o 19%, según casos) obligatorio de sus ingresos en igualdad de condiciones que los funcionarios nombrados.
El impacto en los ingresos de los contratados es muy notorio y se cuantifica con un ejemplo sencillo, suponiendo que un contratado percibe un ingreso de G. 1.000.000 y que no deduzca su IVA (un caso extremo para ver la magnitud), y el Estado le retenga el 30% obligatorio del IVA, el contratado estaría transfiriendo al Estado G. 100.000 mes a mes, quedándose con un neto de G. 900.000 con el esquema anterior.
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