Se trata de Renfe SA, administrada formalmente por la pareja de un peruano con orden de captura internacional. La empresa pretende quedarse con un contrato de G. 700 millones para la instalación de ascensores.
Una empresa vinculada a la pareja de un ciudadano peruano con antecedentes penales figura entre las oferentes que buscan adjudicarse una licitación del ministerio de Justicia para la adquisición y montaje de ascensores en el edificio del ex Registro Civil. Se trata de Renfe SA, cuya propuesta compite por un contrato de G. 700 millones.
El caso generó preocupación luego de que se dieran a conocer documentos que relacionan a la firma con Rafael Eduardo González Thorne, ciudadano peruano que registra una orden de captura internacional por diversos hechos punibles. González Thorne, incluso fue detenido anteriormente por varias denuncias de estafa, relacionadas a falsificación de documentos para la obtención de créditos a nombre de terceros.
Aunque Renfe SA está inscripta a nombre de Andrea Carolina Aranda Duarte, pareja de González Thorne, existen documentos que muestran que este continúa actuando como representante de la empresa. La firma incluso presentó una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dentro del proceso licitatorio.
El proceso permanece en etapa de evaluación, mientras crecen los cuestionamientos sobre la transparencia y el cumplimiento de los requisitos legales.
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