El juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa contra Sergio Daniel González Bareiro, exfuncionario de la Municipalidad de Puerto Casado acusado de integrar un supuesto esquema de desvío de fondos públicos, mientras que remitió a la Fiscalía General los pedidos de suspensión condicional del procedimiento planteados por otros dos procesados y concedió la […]
El juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa contra Sergio Daniel González Bareiro, exfuncionario de la Municipalidad de Puerto Casado acusado de integrar un supuesto esquema de desvío de fondos públicos, mientras que remitió a la Fiscalía General los pedidos de suspensión condicional del procedimiento planteados por otros dos procesados y concedió la salida alternativa a una empresaria vinculada a contratos de obras investigados por presuntas irregularidades durante la administración de Yudith Ferreira de Medina.
Según la acusación, González Bareiro habría colaborado con la estructura investigada mediante el cobro de cheques emitidos a nombre de terceros. El Ministerio Público sostiene que el entonces funcionario municipal efectivizaba pagos que correspondían a proveedores o beneficiarios distintos y posteriormente entregaba los fondos a integrantes del supuesto esquema investigado. Con base en esos elementos, la causa será debatida en juicio oral y público.
En la misma audiencia preliminar, el juez imprimió el trámite de oposición y remitió los antecedentes a la Fiscalía General del Estado respecto a los pedidos de suspensión condicional del procedimiento formulados por Jorge Bogado Cabrera y César Esteban Jara Matto.
Bogado Cabrera, representante del Centro Comercial Renacer, fue acusado como cómplice del supuesto hecho punible de lesión de confianza por contratos relacionados con la provisión de kits de alimentos destinados a instituciones educativas de Puerto Casado. La acusación señala que su empresa fue adjudicada con contratos por G. 353.900.000. Durante la audiencia preliminar solicitó la suspensión condicional del procedimiento, admitió los hechos y ofreció G. 3 millones como reparación social.
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